La Asamblea Nacional aprobó en primera discusión una reforma para elevar de 20 a 32 el número de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), reabriendo el debate sobre los costos reales de esta ampliación. La propuesta busca revertir la reducción aplicada en años recientes mediante una reforma parcial de la Ley Orgánica del máximo tribunal. Sin embargo, los números muestran que esta expansión implicaría gastos significativos en seguridad, logística y mantenimiento operacional.
Los cálculos presupuestarios revelan la magnitud del impacto económico: mantener una Sala Plena de 32 jueces requeriría no menos de 100 escoltas, aproximadamente cuatro por cada magistrado. En cuanto a la flota vehicular, se necesitarían alrededor de 45 vehículos de alta gama, considerando una camioneta por magistrado, siete adicionales para la Sala Constitucional y otros asignados a la presidencia del tribunal. Estos números muestran que el nuevo esquema no representaría un ahorro presupuestario significativo para el país, salvo en la reducción de sueldos y pensiones.
La estructura propuesta contempla que cinco salas jurisdiccionales —Político-Administrativa, Casación Civil, Casación Penal, Casación Social y Electoral— aumenten de tres a cinco magistrados cada una, mientras que la Sala Constitucional se ampliaría a siete integrantes. Durante el proceso legislativo, se incorporaron magistrados suplentes para cubrir temporalmente las vacantes dejadas por ocho funcionarios jubilados, y se conformó un comité para evaluar más de 90 postulantes para las nuevas magistraturas. No obstante, han surgido críticas sobre la seguridad jurídica, ya que los diputados omitieron respetar la adscripción de los suplentes por sala, cuestionando el sentido de designarlos para una sala específica si posteriormente pueden ser reubicados sin restricciones.
Más allá del personal de seguridad y los vehículos, los costos operacionales se ampliarían considerablemente con el mantenimiento y combustible de la flota, armamento y dotación de escoltas, así como gastos logísticos asociados como alimentación y servicios. Este escenario contrasta con posiciones anteriores dentro del mismo sector político: hace años, la hoy presidenta interina cuestionó públicamente el costo de mantener 32 magistrados, pero la reforma actual devuelve al TSJ a esa misma cifra. La paradoja evidencia tensiones internas sobre las prioridades presupuestarias en un contexto donde los recursos públicos enfrentan limitaciones significativas.
Fuente: Infobae — Ver nota original
