El Gobierno de Estados Unidos anunció el lunes 16Nov, la prohibición de la entrada a personas vinculadas al sector turístico en Nicaragua a las que acusa de facilitar la entrada de migrantes irregulares en el país norteamericano, un extremo que ha atribuido asimismo a las políticas del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El grupo de personas afectadas por la medida de Washington incluye a un grupo identificado de «propietarios, ejecutivos y altos cargos de empresas de transporte, agencias de viajes y operadores turísticos», según señala un comunicado el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott.
La cartera diplomática estadounidense revocó sus visados vigentes e impuesto otras restricciones de modo que estas personas «no puedan» entrar en suelo estadounidense, una decisión que ha tomado tras acusarlas de prestar «servicios para ayudar a extranjeros que pretenden inmigrar ilegalmente» al país norteamericano.
«Las investigaciones indican que las entidades que representan estas personas facilitaron sus viajes a través de Nicaragua, gracias a las políticas migratorias permisivas de la dictadura nicaragüense, que desestabilizan la región e impulsan la inmigración ilegal hacia Estados Unidos», agregó.
El Departamento dirigido por Marco Rubio justificó así la medida alegando «graves consecuencias adversas para (su) política exterior» y aseguró en este sentido que «no tolerará acciones que socaven su seguridad nacional ni sus leyes de inmigración».
El Gobierno de Donald Trump, indicó que está «firmemente comprometido con la rendición de cuentas de quienes buscan lucrarse con la inmigración ilegal, desarticular las redes de tráfico de personas y proteger la integridad de las fronteras estadounidenses».
Europapress
