Un documento judicial, hecho público este martes por la ONG Democracy Forward, ha revelado que el Gobierno de Estados Unidos pagó 4,76 millones de dólares (4,06 millones de euros) a El Salvador. Este pago, calificado como una «subvención», tiene como objetivo «cubrir los costes» asociados a la detención en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua, quienes fueron deportados desde territorio estadounidense.
La misiva, con fecha del 22 de marzo de 2025, confirma que el pago corresponde a los costos de detención de 238 miembros de la banda criminal. El acuerdo especifica que El Salvador se mostró dispuesto a aceptar y albergar hasta 300 miembros deportados, por un periodo de hasta un año o hasta que se defina su situación. El documento también estipula que los fondos no pueden ser transferidos a terceros ni utilizados para otros fines, como la asistencia sanitaria reproductiva o el apoyo a solicitantes de asilo.
La revelación de este acuerdo, que se mantuvo en secreto hasta ahora, ha surgido en el marco de una demanda en un tribunal federal de Columbia. La presidenta de Democracy Forward, Skye Perryman, criticó que el acuerdo, gestionado por la Administración Trump-Vance, no incluyera medidas para proteger a los detenidos contra la tortura o el confinamiento indefinido. Perryman lamentó que, en cambio, sí se asegurara que los fondos no se utilizarían para ayudar a solicitantes de asilo a acceder a recursos y asesoramiento.
Organizaciones de derechos civiles han cuestionado los vuelos de deportación impulsados por la Administración, argumentando que el proceso no incluye audiencias. Esto podría llevar a la expulsión de ciudadanos venezolanos sin pruebas de que tengan vínculos con el Tren de Aragua. Por su parte, el acuerdo estipula que el Gobierno de Nayib Bukele debe proporcionar informes detallados sobre la actividad financiera relacionada con el uso de la subvención, mientras que el Departamento de Estado de EE.UU. se exime de cualquier responsabilidad por posibles reclamos de terceros.
