Endurecimiento legislativo y creación de agencias
Con la aprobación de la Laken Riley Act, los inmigrantes indocumentados acusados de ciertos delitos pierden derecho a fianza. Además, el gobierno de Trump anunció la creación de la Office of Remigration dentro del Departamento de Estado, dedicada a promover repatriaciones masivas, una medida fuertemente criticada por defensores de derechos civiles.
Deportaciones en cifras récord
En junio de 2025, se reportaron apenas 6.070 cruces fronterizos, la cifra más baja en décadas. Estados como Texas y Arizona ya aplican medidas propias, mientras la Patrulla Fronteriza dejó de liberar migrantes al interior. El TPS (estatus de protección temporal) fue eliminado para hondureños y nicaragüenses, y se reactivaron deportaciones incluso a terceros países, según autorizó la Corte Suprema.
Militarización de la frontera
El Pentágono estableció dos zonas militares activas en la frontera con México. Aunque con poca efectividad operativa hasta ahora, representan un giro alarmante hacia el uso del ejército en políticas migratorias civiles.
Protestas y resistencia civil
Desde enero, cientos de organizaciones civiles han protestado contra las medidas del gobierno. El movimiento «No Kings» alcanzó su punto máximo en junio con marchas masivas en Nueva York, Chicago y Los Ángeles. La situación se agravó con detenciones arbitrarias y violencia en algunas manifestaciones.
Impacto económico y laboral
Estudios muestran que más de 3 millones de nuevos trabajadores migrantes ingresaron a EE.UU. desde 2020. La actual paralización migratoria podría afectar negativamente el crecimiento económico y aumentar la presión sobre industrias como la agricultura, construcción y salud. Expertos recomiendan ampliar la migración legal (visas H-2B, EB-5, etc.) para mitigar el envejecimiento poblacional.
La política migratoria estadounidense vive un punto de quiebre. La administración Trump impulsa deportaciones sin precedentes y nuevas estructuras de control, mientras las protestas se multiplican y el mundo observa con atención. El equilibrio entre seguridad nacional, derechos humanos y necesidades económicas está más en juego que nunca.
