Las instalaciones del Palacio Federal Legislativo sirvieron de sede este sábado para un intercambio estratégico entre la Comisión Especial de la Ley de Amnistía y la plana mayor del Poder Judicial. Jorge Arreaza, a la cabeza de esta comisión, tildó la jornada como un paso decisivo hacia la pacificación del país. A juicio del parlamentario, la meta va mucho más allá de un beneficio procesal; se trata de diseñar un esquema legal que blinde la coexistencia democrática y facilite el acercamiento entre los distintos actores de la vida nacional.
Desde el Tribunal Supremo de Justicia, su presidenta Caryslia Rodríguez expresó una visión positiva sobre lo discutido, sosteniendo que este proyecto ratifica la voluntad institucional de alcanzar acuerdos comunes. La magistrada puntualizó que el país tiene ante sí una ocasión única para dejar atrás las fracturas políticas, apostando por una vía jurídica que ponga por delante el equilibrio social y la vigencia de las instituciones del Estado.
En esa misma línea, el fiscal general Tarek William Saab fue enfático al señalar que la postura del Estado venezolano es de «cero retaliación». Saab insistió en que la esencia de esta amnistía es poner fin a una etapa de confrontación, alejando cualquier intención de revancha política. Para el jefe del Ministerio Público, la suma de criterios de los diversos sectores permitirá que este texto se erija como un ejemplo global en materia de procesos de reconciliación.
La mesa de trabajo contó además con la participación de piezas fundamentales de la seguridad y el área social, incluyendo a Douglas Rico por el CICPC, el director de la PNB y el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, junto a jueces de paz. La integración de los 19 legisladores de la comisión y los mandos policiales deja ver el alcance global de una reforma que intenta preservar la calma interna, mientras se terminan de pulir las reglas para otorgar las medidas de gracia bajo criterios de justicia.