La Cámara de Licoreros del estado Táchira (Calita) y la Federación Venezolana de Licoreros y Ferreteros (Fevelif) hicieron un llamado al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, pidiendo que la implementación de la Ley Seca se reduzca al mínimo contemplado en la normativa electoral actual.
Los representantes del sector informaron que la solicitud fue presentada por escrito el miércoles 16 de julio ante la oficina del Viceministerio de Interiores, bajo la dirección del general Endes Palencia.
El documento plantea que la regulación sobre la venta de bebidas alcohólicas, establecida en el artículo 100 de la Ley Orgánica del Sufragio, se limite a un período de 24 horas antes y 24 horas después de la jornada electoral.
Johnson Delgado, presidente de Fevelif y de la Cámara de Licoreros del estado Táchira, señaló que en los dos últimos procesos electorales se ha implementado la restricción desde 48 horas antes hasta 48 horas después, e incluso extendida a cinco días en algunos casos, lo que supone un fuerte impacto para el sector comercial.
De acuerdo con Delgado, la extensión arbitraria de la medida ha generado pérdidas significativas para licorerías, supermercados, bodegas y establecimientos de venta al detal en todo el país, especialmente en estados fronterizos como Táchira, donde el flujo comercial es más sensible a regulaciones de este tipo.
«Respetamos la necesidad de garantizar un clima de paz y seguridad durante los procesos electorales, pero también creemos que es posible lograr ese objetivo sin comprometer desproporcionadamente la actividad económica de un sector legalmente establecido y generador de empleo», subrayó el vocero gremial.
Consecuencias para el comercio
En su petición, Calita y Fevelif reafirman su apoyo a la realización de elecciones libres, pacíficas y participativas. Asimismo, instan a las autoridades a reflexionar sobre los efectos adversos que provoca la prolongada restricción en la venta de licor, afectando no solo a los comerciantes, sino también a empleados, distribuidores y demás actores involucrados en la cadena de valor del sector.
«Confiamos en que esta petición será evaluada con responsabilidad institucional y sentido de equidad. El equilibrio entre el orden público y la dinámica económica debe ser una prioridad en contextos electorales», concluyó Delgado.
Los gremios aguardan una respuesta del Ejecutivo nacional y buscan establecer mesas de trabajo en conjunto con otros sectores productivos para lograr una implementación de la normativa que sea más equitativa y efectiva, reseña Finanzas Digital.
