El ministro de Seguridad Pública de Chile, Luis Cordero, aseguró que el Estado chileno tomó la decisión de «perseguir a los miembros del Tren de Aragua con indiferencia del lugar donde actualmente estén residiendo».
A casi dos meses de asumir el cargo, el funcionario visitó Buenos Aires, Argentina, y participó en la cumbre de ministros de Seguridad del Mercosur, acompañado por los jefes de Carabineros y de la Policía de Investigaciones. En una entrevista al medio digital Infobae, Cordero abordó las medidas adoptadas por su país frente al Tren de Aragua, así como los desafíos en materia migratoria y penitenciaria.
Según explicó, desde que comenzó la persecución contra esta organización, las autoridades chilenas «lograron detener a más de 450 integrantes». El ministro enfatizó que los delitos cometidos por esta organización son “parasitarios”, como la trata de personas, el microtráfico y el robo, y que incluso crímenes menores, como el hurto de celulares, terminan financiando esquemas más amplios y peligrosos.
En relación con la respuesta legal, Cordero explicó que en su país la agrupación ha sido catalogada como una organización criminal. “Aplicamos la ley de crimen organizado, que es robusta y permite persecución integral, incluyendo medidas intrusivas. Nuestra ley antiterrorista está pensada para otros fines”, aclaró.
Además, el ministro explicó que la estrategia de combate «no se detiene en las fronteras». «El Estado chileno ha solicitado extradiciones y trabaja en colaboración con otros países de la región», explicó, ya que varios de los líderes de la organización se trasladaron fuera del país una vez iniciadas las acciones penales en su contra, y siguen ejerciendo poder desde el exterior.
