La vista de custodia celebrada este domingo 23 de noviembre, para legalizar la detención preventiva del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, concluyó con la confirmación de la medida de restricción de la libertad contra el exmandatario, quien alegó «alucinación» y «paranoia» para justificar su intento de manipular la tobillera de vigilancia que llevaba cuando fue detenido.
«El testigo ha declarado que tenía una ‘alucinación’ por la presencia de algún tipo de dispositivo de escucha en la tobillera y por eso intentó abrir la tapa» con un soldador, señala el documento judicial sobre la vista, a cargo de la jueza Luciana Yuki Fugishita Sorrentino. La jueza, ayudante del juez del Tribunal Supremo Federal Alexandre de Moraes, quien emitió la orden de detención, ha concluido que no hubo «ningún abuso ni irregularidad por parte de los policías».
Bolsonaro aseguró durante la vista que no recuerda haber tenido ningún episodio similar en ninguna ocasión anterior e indicó que cuatro días antes de los hechos «comenzó a tomar un medicamento». «Tuve una cierta paranoia del viernes al sábado por los medicamientos que me han recetado médicos diferentes, que interactuarion de forma inadecuada», declaró. Sin embargo, negó que tuviera ninguna intención de fugarse.
Además, rechazó la hipótesis de que tenía intención de aprovechar la vigilia de oración convocada en su apoyo cerca de su casa para fugarse y destacó que la concentración estaba a unos 700 metros de su casa, por lo que «no había posibilidad de crear ningún tumulto que pudiese facilitar una hipotética fuga».
En un vídeo difundido tras su detención el sábado, Bolsonaro explica que metió «un hierro candente» en el dispositivo de la tobillera por «curiosidad», hechos que se descubrieron tras ser arrestado por orden de De Moraes, que argumenta el riesgo de fuga ante la vigilia y la cercanía de las embajadas de Estados Unidos y de Argentina a su domicilio.
Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de prisión por organizar una trama para perpetuarse en el poder, cometiendo los delitos de golpe de Estado, abolición del Estado de derecho, constitución de una organización criminal armada, daños agravados a la propiedad pública y deterioro de patrimonio histórico. Está en prisión domiciliaria desde el pasado 4 de agosto.
Su sentencia incluye además una inhabilitación hasta ocho años después del vencimiento de su condena, plazo que, de no producirse reducciones de la misma, se prevé que expire en 2060, cuando el ultraderechista tendría, hipotéticamente, 105 años.
Europa Press
