Alberto Perozo, secretario de reclamos de Sindicato de trabajadores de Corpoelec en el estado Lara, expresó que “congelar el salario y todos los beneficios socioeconómicos es parte de política antiobrera del Gobierno”.
Cuestinonó que los bonos sustituyeron el salario que al no tener incidencia para efecto de prestaciones sociales tácitamente afecta el patrimonio familiar.
“No existe trabajador en el país que no sea golpeados con estas políticas antiobreras”, aseveró.
Criticó -una vez más- la aplicar el instructivo Onapre y centralizar las nóminas a través de la Plataforma Patria. Igualmente, la retención de los aportes de las cajas de ahorro de los trabajadores públicas, se suman a la política gubernamental.
Además, no existe estado de Derecho, basta asomarse a la Inspectorías de Trabajos y están “full” de trabajadores de la administración pública que han sido despedidos, aseguró sin aportar cifras porque están actualizando datos.
En su mayoría –agregó- son personas que han faltado a sus puestos de trabajo porque no tienen dinero para costear el pasaje o no y hay comida en sus hogares. Son empleados de Corpoelec, Gobernación, alcaldías, Lácteos Los Andes, incluso de la Inspectoría del Trabajo han sido despedidos.
Los trabajadores están subsidiando la operatividad de las instituciones. Los obreros de liceos y escuelas deben llevar desinfectantes y coletos…. para poder cumplir con sus labores y los estudiantes pintar las paredes, cuestionó.
Además, el Gobierno incumple las leyes, los contratos colectivos desaparecieron. «El Estado ha sido incapaz de garantizar la estabilidad laboral a la clase trabajadora. Este Gobierno juega con la necesidad de la gente, existe una esclavitud nueva”.
Mientras tanto, las inspectorías del Trabajo, Defensoría del Pueblo, tribunales del trabajo han permanecido “sordas y mudas”, dijo.
