“Los trabajadores públicos venezolanos deberán seguir soportando sobre sus hombros, al menos por ahora, un Instructivo ONAPRE que les viola y les atropella en sus derechos constitucionales y en sus contrataciones colectivas”.
El anterior aserto provino del doctor Enderson Maldonado, destacado abogado laboralista local, al serle solicitada su apreciación en torno a la situación que pudiéramos llamar “jurídica” del antes mencionado Instructivo ONAPRE, que tantas protestas ha generado en el sector de los trabajadores y empleados públicos del país, incluyendo los jubilados.
Maldonado, por cierto, formó parte del grupo de asesores jurídicos de varios gremios y sindicatos que, a través del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado Lara, introdujeron justamente un recurso de nulidad de dicho Instructivo.
A título informativo, señaló que este último juzgado, como quiera que ya se tenía conocimiento de que por ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en Caracas, había sido introducido otro recurso igual por los gremios universitarios, declinó la competencia y envió la causa a la máxima instancia jurídica del país, para que se acumulase a la causa original.
El fondo de la materia
Explicó de seguidas que, precisamente, hasta el momento, si bien es cierto que el TSJ rechazó derogar dicho Instructivo, es cierto también que no se ha pronunciado todavía sobre el fondo de la materia, como lo es el de declarar, o no, la nulidad de dicho Instructivo.
–En todo caso –apuntó–, el TSJ lo que hizo fue que decidió mantener la vigencia del citado Instructivo, hasta tanto, como antes dije, se pronuncie en torno al fondo de la materia, es decir, declarar la nulidad, o no.
–Ahora –destacó finalmente–, ¿Cuándo tomará esa decisión…? Vaya usted a saberlo. Sencillamente, lo que tenemos que hacer es esperar y ver cuándo saldrá a flote ese dictamen.
Reinaldo Gómez
Gráfica: Archivo
