A dos meses de cumplirse el primer cabo de año de la tragedia de la discoteca Jet Set, en República Dominicana, donde 236 personas fallecieron a raíz de caída del techo, en Barquisimeto, una familia sigue lamentando este hecho, ese el caso del padre de las hermanas Bárbara y Olían Querales, quien en declaraciones a El Informador Venezuela reitera que aún no hay justicia, dejando a los responsables impunes de estos hechos.
A diez meses de esta tragedia, el papá de las jóvenes Gaudy Querales, aún recuerda el trabajo que tuvo que pasar la madre de sus hijas para que le dieran las cenizas y poder traerlas a Venezuela.
Querales deja claro que su intención no es buscar beneficios económicos, al contrario, su deseo es que los responsables junto a las autoridades de República Dominicana asuman su responsabilidad, porque el mismo Estado se saltó las inspecciones pertinentes.
«La justicia no es solo la parte económica. Nos mataron a nuestros hijos; porque hubo negligencia del dueño y del gobierno, que después del incendio no fue riguroso», expresó Gaudy, quien por medio de sus redes sociales no ha dejado de rendirle honor.
Mientras en Lara, el recuerdo de las Querales sigue vivo, en la nación quisqueyana Antonio y Maribel Espaillat, dueños de la discoteca junto a la empresa Inversiones E y L, S. R. L., se oponen a la demolición del lugar del colapso, ocurrido el 8 de abril de 2025, debido a que es esencial para garantizar su derecho a una defensa efectiva.
La controversia se origina tras un Informe Preliminar Técnico Pericial solicitado por el Ministerio Público de República Dominicana en julio de 2025, el cual recomienda la demolición inmediata de los restos del edificio. Frente a esta recomendación, la defensa alega que la eliminación de la estructura sin un análisis independiente vulneraría derechos fundamentales.
Sabemos que otros compatriotas se encuentran enfrentando trámites legales complejos y distantes, a menudo sin el apoyo informativo necesario. Por ello, ponemos a disposición nuestra plataforma informativa para que los familiares de todas víctimas venezolanas puedan realizar denuncias públicas, reportar irregularidades en el proceso penal.
Por Anderson Piña Pereira | Foto: cortesías