La abrupta salida de Nicolás Maduro del poder tras la incursión de fuerzas estadounidenses en Caracas en la madrugada del sábado 3 de enero tomó por sorpresa a la cúpula oficialista.
Ante la ausencia del presidente en funciones –destaca el portal “Versión Final”–, Delcy Rodríguez asumió su relevo tras ser designada por el Tribunal Supremo de Justicia con el propósito de «garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación».
De acuerdo con el artículo 234 de la Constitución venezolana, «las faltas temporales o absolutas del presidente serán suplidas por el vicepresidente ejecutivo hasta por 90 días, prorrogables por decisión del Parlamento por el mismo periodo de tiempo».
Si una falta se prolonga por más de 90 días consecutivos, reza el texto, el Legislativo decidirá por mayoría de sus integrantes si debe considerarse que hay falta absoluta.
Rafael Uzcátegui, sociólogo y activista de derechos humanos, sostiene que la Constitución venezolana establece plazos claros frente a la actual situación de ausencia del presidente, y advierte que cualquier intento de posponer indefinidamente una definición electoral implicaría una flagrante y abierta violación de la Carta Magna.
Según explica Uzcátegui en un breve análisis difundido en X, en abril próximo, la Asamblea Nacional debe decidir si prorroga por otros 90 días la figura de la “falta temporal”, mientras que julio marca el límite constitucional para determinar si esa ausencia se convierte en falta absoluta, lo que obligaría a convocar elecciones presidenciales.
El marco legal es inequívoco”, subraya, aunque reconoce que las prácticas políticas en Venezuela suelen distanciarse de lo que establecen las leyes.
Uzcátegui cuestiona que algunos sectores políticos, incluidos actores de la oposición blanda, que polariza más con María Corina Machado que con el interinato de Delcy Rodríguez, prioricen argumentos como la “reconstrucción económica” para justificar la postergación de los comicios.
A su juicio, esa narrativa puede convertirse en una excusa para extender el proceso de transición durante años, incluso hasta el final del período presidencial, sin consultar a la ciudadanía, por supuesto
Asimismo, Uzcátegui admite que organizar elecciones requiere condiciones mínimas, como la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE), la depuración del registro de votantes y amplias garantías institucionales.
Sin embargo, insiste en que definir una fecha electoral, aunque sea a mediano plazo, es precisamente lo que permitiría ordenar ese proceso y fijar responsabilidades claras para su cumplimiento.
Desde su perspectiva, la transición democrática no ocurrirá de forma automática ni por voluntad exclusiva de los actores en el poder, por lo que enfatiza que la presión de la sociedad civil y de los ciudadanos es determinante para imponer una agenda que incluya el respeto a los lapsos constitucionales y el derecho al voto.
“Si la ciudadanía no exige elecciones y no coloca sus propias prioridades sobre la mesa, el horizonte democrático se seguirá alejando”, advierte Uzcátegui.
Poder electoral imparcial
Para Oscar Bianchi, experto en temas electorales, la decisión del TSJ considera la ausencia del presidente Nicolás Maduro como una falta temporal, y, habiéndolo interpretado como tal, invocan lo establecido en la Constitución.
El experto considera poco probable que la Asamblea Nacional declare la vacante absoluta de Maduro, situación que evitaría un proceso electoral en un menor tiempo, o quién sabe si lo evitaría por completo.
“Pienso que le darán largas al asunto, hasta llegar al cuarto año del periodo presidencial y así tendrá la presidenta encargada que terminar dicho periodo», menciona.
Bianchi destaca que, de declararse la falta absoluta del presidente antes del cuarto año de su periodo presidencial, se convocaría a elecciones presidenciales dentro de los treinta 30 días siguientes a la declaración de la falta absoluta, según lo que establece la carta magna.
Se pudiera pensar que cualquier época es propicia para realizar un evento electoral, tener un poder ejecutivo legítimo, decidido y respaldado por la población en su mayoría.
Sin embargo, visto lo ocurrido el 28 de julio de 2024, debemos contar con un poder electoral imparcial, justo, honesto, legítimo, apegado a las leyes, y, sobre todo, que no responda a los intereses de personas u organizaciones políticas», señala.
El especialista aclara que, para que ese proceso se cumpla, se debe configurar un nuevo directorio del CNE, y esto pasa por la aprobación de la AN tras la potencial renuncia de sus actuales rectores, medida que, destaca, lleva un tiempo prudencial por su procedimiento.
Además, indica que en Venezuela se debe considerar una nueva forma de elecciones y de Constitución de los poderes, el periodo presidencial y los periodos de los diputados, gobernadores, alcaldes, legisladores, concejales y demás entes.
«Se debe pensar en la reestructuración del poder legislativo, con la posibilidad bien vista de muchos de que existan dos cámaras: Diputados y senadores, la cantidad de ellos a elegir, así como otros puntos a considerar, pero ése es otro tema, de amplio debate y análisis», comenta.
Estrategia de Estados Unidos
Por su parte, el internacionalista Luis Eduardo Zué advierte que las decisiones que se están tomando en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro pasan por la aprobación de Estados Unidos, situación que, según su opinión, condiciona el proceso de elecciones a la estrategia que pueda tener Washington sobre Venezuela.
“La decisión sobre elecciones podría variar. Hay que tomar en cuenta la estrategia de Estados Unidos, para que no pase lo que ocurrió anteriormente en países como Irak y Siria», afirma.
Zué asegura que la administración estadounidense tiene como objetivo principal sanear las instituciones del país, con la finalidad de que el próximo gobierno elegido en unas nuevas elecciones sea viable.
«Nada se hace con poner a Edmundo o María Corina si todas las instituciones están absolutamente controladas por el oficialismo desde hace 25 años. Hay que hacer un trabajo en todas las instituciones, y eso es lo que Trump le habría pedido a Delcy Rodríguez», comenta.
Para el experto, Delcy Rodríguez ha iniciado una especie de «campaña electoral silenciosa», a través de banners o folletos publicados en las redes sociales, cuya intención, según Zué, es presentarse como “la mujer del momento”.
Todo eso lo hace para llevar un mensaje a la base electoral que aún pertenece al oficialismo. Busca, sin duda, ganarse el favor de la gente y hacerle ver a la población que está sacando al país adelante», sostiene.
Asimismo, asegura que, por el momento, es necesario esperar cuál será la pauta que va a marcar Estados Unidos, y cuáles van a ser los movimientos tanto de Delcy Rodríguez como de María Corina Machado desde sus diferentes posiciones.
«Trump es una persona que tiene un ego gigantesco, y MCM jugó bien sus cartas porque supo llegarle. A partir de ahora, es posible que tenga incluso comunicación directa con ella y se va a ir convenciendo de muchas cosas. Esperemos que pase lo mejor para nuestro país y para nuestra gente», sentencia.
Doble discurso
En palabras del historiador Ricardo Lobo, para llamar a un proceso electoral en tiempo breve se debe declarar la falta absoluta del presidente, como lo estipula la Constitución, aunque aclara que esa opción no ha sido considerada por las autoridades venezolanas.
“Para las autoridades, Nicolás Maduro sigue siendo el presidente. El discurso del oficialismo es que hubo un secuestro, y que, además, Maduro no ha presentado una renuncia, motivo por el cual sugieren que no hay una razón para llamar a elecciones hasta que no se decida la situación real de Maduro Moros», aclara.
Lobo agrega que la percepción de Estados Unidos sobre Maduro es muy diferente.
A su juicio, el mandatario venezolano no es considerado por la administración Trump como presidente de Venezuela, situación que, asegura, llevó al gobierno de Estados Unidos a ejecutar la operación en Caracas que derivó en la salida de Maduro.
“Hay un discurso que nos plantea que hubo un secuestro, y hay otro que nos dice que hubo una extracción. El primero menciona que Maduro sigue siendo el presidente, y el segundo sugiere que es un prófugo de la justicia. Al país le conviene ir a un nuevo proceso que garantice que será una elección limpia», detalla (RG).
