El gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro anunció el jueves su decisión de suspender las operaciones de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y le ordenó a sus 13 funcionarios que abandonen el país en un plazo de 72 horas.

El canciller Yván Gil indicó que además se ordenó “una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la carta de entendimiento” firmada en 2019 con esa oficina y se dio plazo a sus funcionarios para salir del país «hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de Naciones Unidas”.

La suspensión ocurre en medio de preocupaciones por supuestas violaciones a los derechos humanos tras el arresto de la abogada y activista Rocío San Miguel, detenida luego de ser vinculada con una presunta trama para atentar contra la vida de Maduro.

El martes la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, publicó en la red social X, antes conocida como Twitter, que seguía “con profunda preocupación” la detención de San Miguel y destacó que “su paradero sigue siendo desconocido, lo que podría calificar su detención como desaparición forzada» e instó a su liberación inmediata.

Horas antes de las declaraciones del canciller venezolano, la oficina del comisionado Türk publicó también en X que tras las declaraciones de las autoridades venezolanas “tomamos nota de que el lugar de detención de Rocío San Miguel —y por tanto su paradero— ha sido confirmado y cuatro familiares han sido puestos en libertad condicional”.

Insistió en que “deben respetarse las garantías del debido proceso, incluido el derecho a la defensa”.

La víspera el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, rechazó las denuncias sobre supuestas violaciones al debido proceso y la presunta desaparición forzada de la activista.

Organizaciones de derechos humanos, sus abogados y familiares denunciaron que desde su detención el viernes pasado —en un aeropuerto de la capital cuando se disponía a viajar a Miami con su hija— San Miguel no ha tenido acceso a su equipo de defensa y ha permanecido incomunicada. Su arresto generó condenas dentro y fuera del país sudamericano.

La abogada de 57 años —presidenta de la organización Control Ciudadano, especializada en la defensa de derechos, seguridad y Fuerzas Armadas— está acusada de estar vinculada con un complot para asesinar al presidente Maduro y a otros funcionarios y atacar unidades militares.

Saab rechazó que se tratara de una desaparición forzada y sostuvo que sobre la activista pesaba una orden de aprehensión desde enero.

Añadió que el Tribunal Segundo Contra Terrorismo de Caracas fijó al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) como lugar de reclusión de San Miguel pero no especificó en cuál de sus sedes.