Denunciaron la desaparición forzada de la activista venezolana Rocío San Miguel: tampoco logran ubicar a familiares

Uno de sus abogados dijo que, luego de 48 horas del arresto, no se sabe dónde están, qué órgano policial las detuvo, ni qué fiscal está dirigiendo la investigación

Foto de archivo de la activista y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel (EFE/Jeffrey Arguedas)

La defensa de Rocío San Miguel, activista y experta en temas militares, denunció como una “desaparición forzada” su detención el 9 de febrero en el principal aeropuerto de Venezuela al ser vinculada en una supuesta conspiración contra el dictador Nicolás Maduro.Te puede interesar: El régimen de Maduro arrestó a la activista venezolana por los DDHH, Rocío San Miguel, cuando intentaba salir del país

Además, este lunes, varias organizaciones no gubernamentales (ONG) y abogados dijeron que cinco familiares de la reconocida activista venezolana de derechos humanos detenida el viernes están desaparecidos.

Transcurrieron más de 48 horas para que el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informara mediante un mensaje en X que estaba detenida, sin precisar dónde, ni en qué condiciones.

La publicación “no nos dice qué órgano policial la detuvo ni a la orden de qué tribunal está, ni qué fiscal está dirigiendo esa investigación”, dijo este lunes a periodistasJuan González Taguaruco, uno de los abogados defensores.Te puede interesar: Amnistía Internacional exigió la liberación inmediata de la activista venezolana Rocío San Miguel

“Tampoco sabemos el sitio de reclusión, hemos visitado algunos centros de reclusión y en ninguno nos dan respuesta positiva (…) podemos definir que esta situación se corresponde con un supuesto de desaparición forzada”, añadió González desde El Helicoide, uno de los centros de detención en Caracas, operado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), que visitaron.

“No hay manera de saber dónde está, no hay manera de apoyarla, el Estado puede hacer lo que le plazca, eso es el summum (grado más alto de algo) de la violación de los derechos fundamentales después del asesinato”, subrayó.

San Miguel, abogada de 57 años, ganó un caso contra Venezuela en 2018 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

Tampoco han podido retomar contacto con la hija de San Miguel, Miranda Díaz San Miguel, quien la acompañaba al momento de la aprehensión. De la misma forma, no pudieron ser ubicados Miguel Ángel San Miguel Sosa y Alberto San Miguel Quigosos, (hermanos de la activista), Victor Díaz Paruta (padre de Miranda) y Alejandro González Canales, otro de sus familiares.

“Ella es la que informa sobre lo que está ocurriendo, y habla del Sebin, no del Dgcimni ningún otro cuerpo policial. Pero después deja de comunicarse y ya tenemos más de 48 horas en las que tampoco sabemos nada de ella. No contesta llamadas ni mensajes, que sabemos que le llegan pero no responde”, reveló Juan González sobre la hija de la activista.Te puede interesar: Luis Lacalle Pou volvió a criticar al régimen de Venezuela: “Rompe los ojos, es una dictadura”

“La gravedad de una desaparición forzada es el estado de indefensión absoluto”, remarcó.

Según Saab, el arresto se produjo “en virtud de una orden de aprehensión en su contra por estar presuntamente vinculada y referenciada en la trama conspirativa y de intento de magnicidio denominada ‘Brazalete Blanco’, cuyo objetivo era atentar en contra de la vida del Jefe de Estado Nicolás Maduro y otros altos funcionarios”.

El régimen venezolano, que suele denunciar planes contra Maduro, dice haber neutralizado cinco “conspiraciones” en 2023 en las que señalan a militares, periodistas y activistas de derechos humanos.

A San Miguel la arrestaron por “Brazalete blanco”, que consistía en atacar una base militar en Táchira, en la frontera con Colombia, para posteriormente asesinar a Maduro, que este año buscará su tercera reelección.

Para finales de enero sumaban 36 detenidos -12 por “Brazalete blanco”- además de 22 órdenes de captura.

Oenegés y opositores cuestionan la detención.

San Miguel, abogada de 57 años, ganó un caso contra Venezuela en 2018 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos(Corte IDH) por la violación de derechos políticos y de expresión, tras su despido de un ente público por apoyar en 2003 un referendo revocatorio en contra del entonces dictadorHugo Chávez (1999-2013).

En Venezuela hay 261 presos políticos, entre ellos 18 mujeres y 146 militares, según la ONG Foro Penal