Biden eleva al Supremo su batalla contra Texas. La Administración del presidente demócrata ha llevado al Tribunal una solicitud de emergencia para que los agentes de la Patrulla Fronteriza puedan cortar el alambre de púas que el Gobierno texano ha instalado en 48 kilómetros a lo largo de la frontera con México. La moción de este martes busca que los jueces suspendan una apelación que una corte otorgó en diciembre en favor de las autoridades locales. Las partes mantienen otro juicio por separado por las boyas instaladas sobre el río Bravo.
En el centro de esta disputa se encuentra la pregunta de quién tiene la autoridad para reforzar la vigilancia de una zona que ha visto números récord de inmigración ilegal con más de 2,5 millones de encuentros. La Administración de Biden argumenta que la Patrulla Fronteriza, una fuerza que depende del Ejecutivo federal, está capacitada para cortar la barrera colocada por la Guardia Nacional desde finales de 2022. Los agentes afirman que la concertina ha entorpecido algunos operativos realizados, —e incluso el tratamiento de emergencias médicas—, y que dificulta el procesamiento de los inmigrantes que llegan a suelo estadounidense.
El Gobierno de Greg Abbott, en cambio, afirmó en octubre que al cortar el alambre, Washington está “destruyendo la propiedad de Texas y ha trastornado los esfuerzos locales por hacer más segura la frontera”. Las autoridades locales creen que los huecos hechos por la Patrulla Fronteriza hacen más fácil que los inmigrantes se adentren a Estados Unidos. La cadena CNN ha informado de algunos casos donde la barrera es destruida por la propia policía estatal. Esto crea un paso por el cual los policías invitan a cruzar a los migrantes. Cuando lo hacen, estos son arrestados por entrar en propiedad privada.
El alambre de púas ha creado un tira y afloja judicial. Texas demandó en octubre al Gobierno federal por la destrucción de los casi 50 kilómetros de barrera, que está desplegada tanto en terrenos públicos como en propiedad privada. Esto forma parte del operativo Lone Star, puesto en marcha en 2021 por Abbott, quien ha invertido más de 11 millones de dólares en 70.000 rollos de concertina.
Un mes más tarde, en noviembre, una jueza federal dio la razón a la Patrulla Fronteriza afirmando que las autoridades texanas no habían probado con evidencia suficiente que los uniformados estaban violando la ley. La togada, Alia Moses, sin embargo, también cuestionó los métodos de los agentes federales al permitir el ingreso por esos huecos en lugar de llevar a los inmigrantes a una aduana para procesarlos.
El Gobierno de Abbott apeló entonces la decisión. A inicios de diciembre, el Quinto Circuito de Apelaciones Federal, basado el Luisiana, frenó la decisión de Moses y dio a Washington un periodo para contestar a la demanda. Días después consideró que el fallo de la jueza estaba equivocado y que los empleados de la Oficina de Aduanas y Control de Aduanas (CBP, por sus siglas en inglés) no deben cortar el alambre. Este martes, el Gobierno eleva el juicio al Supremo.
Esta batalla es uno de los varios frentes que el Gobierno de Biden mantiene contra el gobernador Greg Abbott, uno de los más radicales en la lucha contra la inmigración ilegal. A finales de 2023, el Departamento de Justicia amenazó con presentar una nueva demanda contra el Estado si este pone en práctica la polémica SB4. Esta ley, aprobada por el Congreso y firmada por el gobernador recientemente, criminaliza a los migrantes, pues permite a policías locales detener a cualquiera bajo sospecha de no tener papeles y llevarlos ante un juez estatal para que este ponga en marcha un proceso de deportación. Washington asegura que la norma es inconstitucional y que está dispuesto a abrir una nueva controversia legal.
