Este jueves 12-Ene, la organización Human Rights Watch (HRW), publicó su informe Mundial 2023, en el que destaca en uno de sus capítulos, la violación de los derechos humanos en Venezuela.

El documento señala las condiciones en que viven los presos por motivos políticos, los ataques a la prensa y la grave crisis migratoria que ha llevado a millones de personas a dejar sus países de origen con rumbo, principalmente, a Estados Unidos.

La HRW cita el conocido informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), sobre las personas bajo detención policial.

“Las autoridades judiciales han participado o han sido cómplices de los abusos, sirviendo esto como un mecanismo de represión”, indica el reporte y enfatiza que la oficina de derechos humanos de la ONU no pudo tener acceso en 2022 a los centros de detención.

También cita el bloqueo del servicio de Internet y sitios digitales no oficiales como Efecto Cocuyo, Crónica Uno y El Nacional.

Señala que las autoridades hostigan y persiguen a periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. “Las preocupaciones persistentes incluyen prácticas policiales brutales, falta de protección para los pueblos indígenas y malas condiciones carcelarias”.

Hasta la fecha, según recoge HRW a partir de datos de entidades internacionales, el éxodo de unos 7,1 millones de venezolanos “representa una de las crisis migratorias más grandes del mundo”.

Persecución de opositores políticos, arrestos y tortura

El gobierno ha encarcelado a opositores políticos y los ha inhabilitado para postularse para un cargo. Hasta octubre, el Foro Penal, una red de abogados defensores pro bono, reportó 245 presos políticos.

Al menos 114 presos políticos llevan más de tres años en prisión preventiva, a pesar de los plazos incluidos en una reciente reforma del Código Penal. Aproximadamente 875 de los 15.770 civiles arrestados arbitrariamente desde 2014 hasta junio de 2022 han sido procesados ​​en tribunales militares, informó el Foro Penal.

Si bien algunos detenidos han sido liberados o trasladados de las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) a prisiones, nuevos críticos han sido objeto de detención arbitraria.

El ACNUDH continuó recibiendo denuncias de tortura, malos tratos y detenciones en régimen de incomunicación en 2022.

Las fuerzas de seguridad y los colectivos —grupos armados progubernamentales— han atacado repetidamente las manifestaciones desde 2014, incluso con redadas violentas, golpizas brutales y tiroteos a quemarropa.

Según fuentes oficiales consultadas por la OACNUDH, la Fiscalía General de la Nación registró 235 denuncias de violaciones de derechos humanos con privación de libertad, desde mayo de 2021 hasta abril de 2022, incluidas 20 por cargos relacionados con terrorismo.

El ACNUDH y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias informaron sobre los desafíos persistentes para garantizar los derechos a la libertad y a un juicio justo. También hay demoras en la implementación de las órdenes judiciales de liberación.

Presuntas ejecuciones extrajudiciales

Agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y otras unidades policiales y militares han matado y torturado con impunidad en comunidades de bajos ingresos, incluso durante redadas de seguridad denominadas “Operaciones de Liberación del Pueblo”.  

Entre 2016 y 2019, las fuerzas de seguridad alegaron “resistencia a la autoridad” en más de 19.000 homicidios. La evidencia mostró que muchos fueron ejecuciones extrajudiciales. El ACNUDH documentó patrones continuos de tales asesinatos en barrios marginados, pero informó una reducción significativa en el número en 2022.

Derechos Indígenas y Minería

Según se informa, las autoridades no consultaron a los residentes antes de crear una zona minera especial en 2016, que abarca 14 territorios indígenas. La minería es uno de los principales impulsores de la deforestación y la contaminación del agua, lo que contribuye a enfermedades como la malaria. 

SOS Orinoco y el medio de comunicación Correo del Caroní informaron que personas de comunidades indígenas cercanas a las minas están sufriendo intoxicaciones graves por el mercurio que se usa para separar el oro de las impurezas. Algunos han sido desplazados por la fuerza.

Derechos de discapacidad

En mayo el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad concluyó que no existe una ley o mecanismo para combatir y sancionar la discriminación contra las personas con discapacidad y un modelo de educación no inclusivo. Es necesario garantizar la accesibilidad, el acceso a la justicia y eliminar las restricciones a la capacidad jurídica.

Orientación sexual e identidad de género

Venezuela no cuenta con una legislación civil integral que proteja a las personas de la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, aparte de disposiciones específicas en el Código del Trabajo y la ley de vivienda. No existen protecciones legales para las parejas del mismo sexo.  

El Código de Justicia Militar sanciona las conductas consentidas entre personas del mismo sexo por parte del personal militar con hasta tres años de prisión y destitución. Tras una impugnación del grupo Venezuela Igualitaria, la Corte Suprema de Justicia ha anunciado que revisará la disposición.

Derechos de las mujeres

El aborto está penalizado en Venezuela excepto cuando corre riesgo la vida de la mujer embarazada.

Según un estudio de HumVenezuela, una plataforma independiente de organizaciones de la sociedad civil que monitorea la emergencia humanitaria, los servicios de salud sexual y reproductiva para mujeres sufren una pérdida de capacidad. Para marzo, había un 61,7 por ciento de escasez de anticonceptivos y el 55,8 por ciento de las mujeres embarazadas “no podían recibir atención obstétrica adecuada”.

En septiembre, UN FFM documentó que mujeres y niñas han denunciado violencia sexual por parte de agentes de la FANB que trabajan en puestos de control y actores armados que controlan áreas mineras.

Derecho a votar

En febrero, la misión de la Unión Europea que supervisó las elecciones de 2021 emitió un informe final que describía los graves obstáculos para votar y postularse para un cargo, incluida la descalificación arbitraria de los opositores al gobierno que buscan postularse, el uso partidista de los recursos estatales, el acceso desigual a los medios de comunicación y las redes sociales, el bloqueo de sitios web, y la falta de independencia judicial y de respeto por el estado de derecho. 

Tales condiciones, dijeron, socavaron la imparcialidad y la transparencia de las elecciones.