La fiscalía superior de Perú informó el martes de que había abierto una investigación contra la nueva presidenta, Dina Boluarte, y miembros de su gabinete por los violentos enfrentamientos en los que han muerto al menos 40 personas y cientos han resultado heridas desde principios de diciembre.
La investigación se produce después de que el lunes murieran 17 civiles en la región de Puno, en el sur del país, en la jornada de protestas más mortífera desde que el ex presidente Pedro Castillo fuera derrocado y detenido el mes pasado. La violencia continuó el martes con la muerte de un agente de policía tras ser incendiado su coche.
La fiscalía dijo que estaba investigando a Boluarte junto con el primer ministro Alberto Otarola, el ministro de Defensa Jorge Chávez y el ministro del Interior Víctor Rojas por cargos de «genocidio, homicidio calificado y lesiones graves».
Grupos de derechos humanos han acusado a las autoridades de utilizar armas de fuego contra los manifestantes y de lanzar bombas de humo desde helicópteros. El ejército dice que los manifestantes han utilizado armas y explosivos caseros.
Las oficinas del presidente y de los ministros no respondieron inmediatamente a las peticiones de comentarios.
La destitución de Castillo, que se produjo después de que intentara disolver ilegalmente el Congreso, ha desencadenado una oleada de protestas en todo el país. Los manifestantes exigen la dimisión de Boluarte, la disolución del Congreso, cambios en la Constitución y la liberación de Castillo.
Los legisladores tenían previsto votar el martes en un voto de confianza al gabinete de Boluarte, necesario para dirigir un nuevo gobierno.
El Primer Ministro, Alberto Otarola, ha culpado a los atacantes organizados financiados con dinero «negro» de los asesinatos del lunes. Otros 68 civiles y 75 policías resultaron heridos, según el Defensor del Pueblo.
Otarola también anunció un toque de queda nocturno de tres días en Puno, destinado a sofocar la violencia. Las imágenes de los medios de comunicación locales mostraban saqueos de comercios en Puno el lunes por la noche, mientras que el aeropuerto de Juliaca permanecía cerrado el martes después de que 9.000 personas intentaran invadir las instalaciones.
En un comunicado emitido el martes, la Defensoría del Pueblo de Perú instó a que las protestas fueran pacíficas y a que la fiscalía investigara a fondo las muertes.
La oficina señaló la «extrema violencia» de la muerte del policía, afirmando que fue torturado antes de morir, al tiempo que condenó un incendio provocado en la residencia de un congresista de Puno en la ciudad de Ilave con miembros de su familia aún dentro.
ENLACE ORIGINAL: Peru prosecutors launch probe into President Boluarte over deadly protests – Raw Story – Celebrating 18 Years of Independent Journalism
